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La Fiscalía y PDI desbaratan organización criminal que vendía licencias de conducir falsas en Alto Hospicio

Alto Hospicio, Tarapacá. – La Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), realizó una diligencia en las dependencias de la Municipalidad de Alto Hospicio en el marco de una investigación por la existencia de una organización criminal dedicada a la falsificación y comercialización de licencias de conducir profesionales.
Según informó el Ministerio Público, la indagatoria abarca delitos de asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de documentos públicos y desvío de recursos municipales. La estructura contaba con la participación de funcionarios del Departamento de Tránsito del municipio, quienes actuaban en coordinación con personas ajenas a la institución.
Se solicitó la orden de detención para un total de 10 personas: 5 funcionarios municipales —entre directivos y personal encargado de la realización de exámenes— y 5 individuos externos que cumplían labores de captación de clientes. Todos ellos pasarán este viernes a control de detención ante los tribunales correspondientes.
Una red con alcance regional
La investigación ha permitido identificar hasta la fecha a 62 personas que habrían adquirido estos documentos falsos, aunque las estimaciones preliminares apuntan a que podrían ser entre 300 y 400 los compradores en total. Los afectados provienen no solo de la región de Tarapacá, sino también de Arica, Antofagasta e incluso Coquimbo, quienes también serán formalizados por su participación en los hechos.
Montos millonarios involucrados
El precio de cada licencia falsa oscilaba entre los 400.000 y 600.000 pesos chilenos, y se solía pagar en dos cuotas mediante transferencias bancarias a cuentas ya identificadas. Aunque el monto total defraudado aún se encuentra en proceso de cuantificación, ya se ha podido establecer que uno solo de los funcionarios involucrados habría recibido ganancias por más de 44 millones de pesos.
La Fiscalía enfatizó que se trata de una operación que representó un grave perjuicio para la administración pública y la seguridad vial, y continuará con las indagatorias para determinar la totalidad de los responsables y el monto exacto de los recursos desviados.

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