Corte Suprema autoriza notificación a familias de asentamiento La Mula y abre paso a eventual desalojo en Alto Hospicio
La Corte Suprema de Chile dio luz verde a la notificación de cerca de 1.400 familias que residen en el asentamiento irregular La Mula, en la comuna de Alto Hospicio, marcando un paso clave para avanzar en la planificación de un eventual desalojo de los terrenos ocupados.
La resolución del máximo tribunal permite que se inicie formalmente el proceso de comunicación a los ocupantes, etapa fundamental dentro del procedimiento judicial que busca restituir los predios a sus propietarios. La medida se enmarca en una larga disputa por la ocupación irregular del sector, que ha crecido sostenidamente en los últimos años.
De acuerdo con antecedentes del caso, el fallo no implica un desalojo inmediato, pero sí habilita a las autoridades a coordinar acciones futuras, las que deberán considerar tanto aspectos legales como sociales, dada la alta cantidad de familias involucradas.
En ese contexto, organismos públicos deberán trabajar en la elaboración de un plan que contemple alternativas y resguardos para los residentes, muchos de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad. El proceso también podría requerir la participación de entidades regionales de Tarapacá para mitigar el impacto social de la medida.
La resolución del máximo tribunal permite que se inicie formalmente el proceso de comunicación a los ocupantes, etapa fundamental dentro del procedimiento judicial que busca restituir los predios a sus propietarios. La medida se enmarca en una larga disputa por la ocupación irregular del sector, que ha crecido sostenidamente en los últimos años.
De acuerdo con antecedentes del caso, el fallo no implica un desalojo inmediato, pero sí habilita a las autoridades a coordinar acciones futuras, las que deberán considerar tanto aspectos legales como sociales, dada la alta cantidad de familias involucradas.
En ese contexto, organismos públicos deberán trabajar en la elaboración de un plan que contemple alternativas y resguardos para los residentes, muchos de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad. El proceso también podría requerir la participación de entidades regionales de Tarapacá para mitigar el impacto social de la medida.
