red internacional de corrupción dedicada al desvío y adulteración de combustible que operaba en territorio chileno, específicamente en la región de Tarapacá.
Detalles de la denuncia
Según las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Oviedo, y el presidente Rodrigo Paz, la red operaba bajo el siguiente esquema:
Puntos clave en Chile: Se identificaron garajes particulares en Alto Hospicio e instalaciones en el Valle de Lluta (Arica) como los lugares donde se realizaba la manipulación.
Modus Operandi: Los transportistas desviaban las cisternas cargadas en plantas chilenas (como Sicasica) hacia estos garajes clandestinos. Allí extraían entre 700 y 1,000 litros de diésel por cada cargamento de 35,000 litros.
Adulteración: Para ocultar el faltante, los delincuentes rellenaban las cisternas con agua y aceite usado para igualar el volumen y el color del combustible original antes de que los camiones cruzaran la frontera hacia Bolivia. Impacto: Se estima que esta red afectó a unas 5,000 cisternas en los últimos cinco meses, lo que representa cerca de 150 millones de litros de combustible dañado que ingresó al mercado boliviano.
Acciones legales y diplomáticas El Gobierno boliviano ha iniciado las siguientes medidas: Coordinación internacional: Se ha tomado contacto con las autoridades chilenas (Ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Energía y Fiscalía) para compartir los resultados de la investigación y coordinar operativos conjuntos.
Sanciones comerciales: El presidente Paz anunció la suspensión inmediata de contratos con las empresas proveedoras de combustible involucradas hasta que concluyan las investigaciones. Investigación interna: Se sospecha que la red tiene su origen en gestiones administrativas anteriores de YPFB, por lo que se están realizando allanamientos e intervenciones en los nueve distritos de la estatal petrolera en Bolivia.
