Mario Carroza, que indaga las violaciones de DD.HH., está a la espera del informe del SML sobre los reclusos. Si evaluación determina que padecen de demencia, quedarían exentos de su responsabilidad penal.
José Fritz Esparza (84) y Risiere del Prado Altez España (88) cumplen varias condenas por violaciones a los derechos humanos. Ambos son ex miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), fueron vinculados a procesos como Villa Grimaldi y la Operación Colombo, y podrían tener sus facultades mentales disminuidas, en el caso de Fritz, a causa de un alzhéimer.
También podrían salir en libertad en los próximos días, situación que se concretará si es que el Servicio Médico Legal determina que padecen de demencia. Así lo tiene decidido el ministro en visita a cargo de los casos por delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1973 y 1990, Mario Carroza, quien sólo está a la espera de los peritajes de los especialistas del servicio.
Esta determinación la tomó el 28 de noviembre, cuando visitó el recinto penitenciario ubicado en Tiltil, a raíz de un informe elaborado por Gendarmería en que se daba cuenta que de los 116 internos, 60 estaban en buenas condiciones de salud, 48 regular y ocho están en malas condiciones. Asimismo, seis tienen menos de 60 años; 17, entre 60 y 65 años, y 93 son mayores de 65 años.
“Con esta información pude detectar que ocho personas estaban en estado de bastante gravedad. (…) Me entrevisté con ellos, los vi dónde estaban. Seis están en una situación delicada de salud grave y hay dos más que están en precarias condiciones de tipo cognitivo. Respecto de éstos, hay una normativa que se puede aplicar y les solicité un informe al SML para que me dijeran si estaban dentro de lo que uno considera loco o demente en la judicatura. Una vez que tenga esos informes tengo que resolver cuál será el destino de estas personas, si se mantienen ahí o se le aplica lo que señala la ley”.
El magistrado se refiere al artículo 10 del Código Penal, el cual señala que quedarán exentos de responsabilidad penal “el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón”. Fuentes del proceso indicaron que ambos reclusos al ser entrevistados por el magistrado no pudieron responder simples preguntas, no sabían sus nombres y eran incoherentes al hablar.
En caso de que el SML acredite esta condición de demencia, su destino final fuera del recinto dependerá si son decretados como personas peligrosas por su condición. “Si se define que son peligrosos deberían ir a una casa siquiátrica, y si no lo son, serían entregados a sus familiares”, manifestó Carroza.
Sin embargo, los otros seis internos que estarían en malas condiciones de salud no correrían la misma suerte. Esto se debe a que en el Código Penal no hay ninguna norma que permita liberar a un reo por motivos de salud, dado que eso se tiene que decretar por medio de algún indulto humanitario.
Respecto de este punto, ayer la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer su postura sobre los beneficios a los reos de Punta Peuco y manifestó que detectó casos en que se invocó un estado de salud terminal, pero que al verificar sus fichas clínicas la situación no era tal (ver nota secundaria).
