En las próximas semanas se realizarán más operativos, tanto terrestres como aéreos.
Este lunes se llevó a cabo la expulsión de 38 ciudadanos colombianos (32 hombres y 6 mujeres) quienes se encontraban detenidos en distintas cárceles del país. El grupo abandonó Chile a las 08:00 am y fue escoltado por funcionarios de la PDI, en un avión FACH desde el Grupo 10 con 21 expulsados, realizando escala en Iquique donde se completará la nómina de 38 personas (17 más) para llegar a la ciudad de Bogotá, destino final del vuelo.
En la lista de expulsados se encontraban personas condenadas por delitos de robo con intimidación, robo con violencia, robo en lugar habitado, uso fraudulento de tarjetas de crédito y su gran mayoría por tráfico de drogas.
Al grupo 10 de la FACH llegó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, junto al prefecto inspector Richard Bórquez, Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI.
El subsecretario se refirió a este proceso: “Creemos importante que incluso durante la pandemia de Covid-19, poder materializar expulsiones de ciudadanos que han infringido o se encuentran en irregularidad en nuestro país y que por lo tanto producto de, ya sea sanciones judiciales o administrativas, son expulsados por el incumplimiento de normas migratorias e incluso la comisión de delitos”.
Este es el segundo operativo de expulsión que coordina el Ministerio del Interior con la PDI, tras la reanudación de este tipo de programas que fueron suspendidos como consecuencia de la pandemia del Covid-19. El primero se realizó el 23 de julio pasado en el Complejo Fronterizo Chacalluta, lugar donde se concretó la expulsión de 113 personas de nacionalidad peruana.
En las próximas semanas se realizarán más operativos, tanto terrestres como aéreos considerando todas las disposiciones sanitarias para su implementación.
Entre los expulsados se encuentra un sujeto de 32 años que, en septiembre del año pasado, fue fiscalizado por Carabineros al interior de un bus que cubría el trayecto Arica – Santiago. El sujeto tenía en su poder 5 botellas de supuestos jugos y agua mineral, todas con Ketamina, droga ilícita. Otro caso corresponde a una persona de nacionalidad colombiana que acompañó y guió caminando a un grupo de 21 personas de nacionalidad venezolana, de las cuales 8 son menores de edad, no residentes en Chile, facilitando su ingreso por un paso no habilitado en el sector del hito 14 de la frontera Chile- Perú, a cambio de un pago de $100 dólares que cobró a cada uno de los migrantes. Mientras realizaba la caminata, fue sorprendido por personal de Ejército que patrulla el sector, a 200 metros aproximadamente al sur de la frontera, en el campo minado que allí existe, donde se encuentran minas antipersonales distribuidas aleatoriamente.
Región
El intendente regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, señaló que “sabemos lo complejo que es el escenario de la pandemia y más aún para poder materializar este tipo de medidas, de tal manera, son importantes los esfuerzos que se han realizado para poder reanudarlas. Estas personas dejan el país por haber cometido delitos o porque no han cumplido medidas obligatorias para residir”.
Por su parte, el Jefe de la Región Policial de Tarapacá, Prefecto Inspector César Cortés, señaló que “la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con el Ministerio del Interior, dio cumplimiento hoy a la expulsión de 32 hombres y 6 mujeres de nacionalidad colombiana, dos de ellos se encontraban en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, quienes cumplían condena por diversos delitos”.
Estos extranjeros, se acogieron a un beneficio que les otorga el Estado chileno, amparado en la ley 20.603, artículo 34, la cual se basa en una pena substitutiva que señala que toda persona extranjera que tenga una condena inferior a cinco años se puede acoger al beneficio de computar su pena y acogerse a la expulsión del territorio nacional. Esto, coordinado por los Tribunales de Garantía de las regiones correspondientes.
Debido a la pandemia y el cierre de fronteras, las expulsiones, tanto judiciales como administrativas, se suspendieron desde finales de marzo a la fecha. Un par de casos esporádicos fueron materializados por iniciativa de los propios extranjeros, sin embargo, se acumularon cerca de 500 expulsiones judiciales y quedan pendientes aquellas que por vía administrativa también deben ejecutarse. “Obviamente la pandemia significó un retraso en las expulsiones y por lo mismo estamos impulsando que se empiecen a materializar nuevamente estos procesos tomando todas las medidas necesarias para llevarlos a cabo”, señaló el subsecretario Galli.
La autoridad confirmó, además, que el gobierno inició los trámites de expulsión de un ciudadano colombiano, quien la semana fue detenido por la PDI por su participación en el robo de perros de raza en el sector oriente de Santiago.