El Ministerio del Trabajo y Previsión Social oficializó la renuncia inmediata de Cristian Andrés Cabezas Mundaca a su cargo como secretario regional ministerial (Seremi) de la Región de Tarapacá.
IQUIQUE.– La dimisión de la autoridad provincial, quien asumió sus funciones a finales de marzo, fue comunicada formalmente por el Gobierno tras una serie de cuestionamientos públicos que debilitaron su continuidad en la cartera.La salida de la autoridad sectorial se desencadenó luego de que la directiva de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Tarapacá ejerciera una fuerte presión gremial.
Los representantes de los trabajadores estatales exigían su remoción definitiva y se declararon en estado de alerta institucional, manifestando públicamente su rechazo ante el eventual retorno presencial del secretario a sus labores directivas.En el plano administrativo, el exgubernamental enfrenta dos denuncias formales ingresadas por funcionarias de la repartición y del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) relativas a presuntas situaciones de maltrato y acoso laboral.
A raíz de estas acusaciones, la Subsecretaría del Trabajo mantiene instruido un sumario interno para esclarecer las responsabilidades pertinentes, proceso al que se suma de forma paralela una indagatoria bajo los lineamientos de la Ley Karin.Junto con los procedimientos internos de la cartera, la Contraloría Regional evalúa un requerimiento por supuestas faltas a la probidad debido al aparente uso de soportes institucionales para la difusión de un libro de autoría propia. Mientras el Ejecutivo define el nombre del nuevo titular para la secretaría regional, el organismo ministerial confirmó que las funciones técnicas y operativas continuarán ejecutándose con normalidad mediante las subrogancias legales.
Los representantes de los trabajadores estatales exigían su remoción definitiva y se declararon en estado de alerta institucional, manifestando públicamente su rechazo ante el eventual retorno presencial del secretario a sus labores directivas.En el plano administrativo, el exgubernamental enfrenta dos denuncias formales ingresadas por funcionarias de la repartición y del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) relativas a presuntas situaciones de maltrato y acoso laboral.
A raíz de estas acusaciones, la Subsecretaría del Trabajo mantiene instruido un sumario interno para esclarecer las responsabilidades pertinentes, proceso al que se suma de forma paralela una indagatoria bajo los lineamientos de la Ley Karin.Junto con los procedimientos internos de la cartera, la Contraloría Regional evalúa un requerimiento por supuestas faltas a la probidad debido al aparente uso de soportes institucionales para la difusión de un libro de autoría propia. Mientras el Ejecutivo define el nombre del nuevo titular para la secretaría regional, el organismo ministerial confirmó que las funciones técnicas y operativas continuarán ejecutándose con normalidad mediante las subrogancias legales.
