El juzgado de garantía cambió la prisión preventiva en que permanecían tres concejales, dos funcionarios municipales y un ex seremi desde la formalización. Además se amplió el plazo de investigación en un año.
En una audiencia realizada el día de hoy (lunes) en el marco de la investigación que sigue adelante la Fiscalía de Iquique por hechos de corrupción ocurridos en licitaciones relacionadas con la reposición del alumbrado público en la ciudad; el juzgado de garantía accedió a la solicitud de la defensa y modificó la prisión preventiva en que permanecían tres concejales, dos funcionarios municipales y un ex seremi, por arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse entre ellos y con funcionarios públicos.
Además, a solicitud de la Fiscalía, se amplió el plazo de investigación en un año.
El fiscal a cargo del caso Gonzalo Guerrero indicó que, si bien se mantiene la imputación por todos los delitos por los cuales se formalizó a los imputados y que se trata de hechos graves, la Fiscalía no se opuso al cambio de medida cautelar, ya que la prisión preventiva también se pidió en su momento por considerar que la libertad de los imputados podía entorpecer las principales diligencias de investigación, y éstas ya se encuentran realizadas en estos primeros cuatro meses.
“Si a esto se suma que los imputados privados de libertad -salvó uno de ellos- han declarado y reconocidos los hechos por los cuales se les formalizó, estimamos que el arresto domiciliario total, con la prohibición expresa de comunicarse entre ellos y con otros funcionarios públicos, permite cumplir con los fines del procedimiento”, explicó el persecutor.
En el caso de la funcionaria municipal D.V.B., ésta podrá optar por el arresto domiciliario total luego que pague una caución de un millón de pesos.
Respecto a la solicitud de aumento de plazo, Guerrero indicó que aún faltan muchas diligencias que realizar, como es la extracción de la información de gran parte de los dispositivos incautados (de un total de 180, sólo se han revisado 50), el análisis de esa información extraída, los levantamiento de secretos bancarios, pericias contables y las transcripciones de las escuchas telefónicas, entre otras. “Considerando además la situación de pandemia, el trabajo de la policía se ha hecho más lento, por lo que requerimos necesariamente un año más para poder reunir las pruebas necesarias”.
Los delitos imputados por la Fiscalía de Iquique en contra de los concejales, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas de Telecom y Elec fueron cohecho y sobornos reiterados, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita, respectivamente.